Este artículo defiende que las obligaciones sociales emergen de las normas de la racionalidad. A través de un análisis de los requisitos normativos de la racionalidad que gobiernan los compromisos individuales, se muestra que los agentes poseen autoridad racional para revaluar sus razones, modificar sus juicios prácticos y cambiar sus intenciones. De esta autoridad depende su autonomía racional: uno y el mismo sujeto puede obligarse a hacer algo, y revocar esta orden. Mediante un compromiso social, el deudor renuncia a su autoridad y autonomía racionales en favor del acreedor, generando así una obligación en el deudor, un derecho en el acreedor, y una razón normativa relativa al deudor.